Zaragoza ha aprobado hoy reclamar al Gobierno de España los gastos extraordinarios derivados de la aplicación del decreto para la regularización de inmigrantes. La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento, Marian Orós, ha destacado la necesidad de una compensación económica por parte del Gobierno central ante los costos adicionales generados por este proceso.
Orós informó en una rueda de prensa sobre la decisión del Gobierno municipal de iniciar acciones legales para exigir el reconocimiento del derecho del Ayuntamiento a ser indemnizado. Se argumenta que la regularización de inmigrantes debería haber venido acompañada de una memoria económica y una dotación especial, especialmente considerando que el Gobierno español podría recaudar hasta 40 millones de euros a través de tasas si un millón de inmigrantes son regularizados.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha estado brindando asistencia a las personas inmigrantes a pesar de las deficiencias en la planificación y transparencia de este proceso, que ha generado tensión tanto en las administraciones locales como en la población inmigrante. Ante la falta de información y coordinación, el Gobierno municipal ha tomado la decisión de recopilar los gastos extraordinarios para reclamarlos al Gobierno central.
Desde que se centralizó la gestión de los informes de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas el pasado 27 de abril, el Ayuntamiento ha atendido a más de 3.000 personas a través de una línea telefónica habilitada. Se han elaborado 959 informes de vulnerabilidad en tan solo nueve días, evidenciando la necesidad de una respuesta ágil y eficaz por parte de las autoridades locales.
En medio de esta situación, el Gobierno municipal evaluará la posibilidad de reforzar el operativo a finales de mes, dependiendo de posibles ampliaciones de plazo por parte del Gobierno central y del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el procedimiento. A pesar de los desafíos, el Ayuntamiento de Zaragoza ha actuado con celeridad para organizar la atención a las solicitudes y garantizar la eficiencia en los servicios sociales ofrecidos a la población inmigrante en la ciudad.
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