El Gobierno de Aragón ha expresado su rechazo al real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado recientemente en el Consejo de Ministros. Según el Ejecutivo aragonés, esta medida se ha tomado sin tener en cuenta las recomendaciones de diferentes organismos y a espaldas de las Comunidades Autónomas.
Se ha señalado que esta regularización masiva podría tener un impacto económico inasumible, con la posibilidad de regularizar entre 500.000 y 1.350.000 personas. El gobierno local considera que no se han establecido itinerarios claros de empleo, planes de integración o requisitos de convivencia, lo que podría ser injusto para aquellos extranjeros que han cumplido correctamente con la ley.
Además, se ha advertido sobre el posible efecto llamada que esta medida podría tener, así como el riesgo de prácticas fraudulentas. El Gobierno de Aragón ha manifestado su intención de recurrir legalmente esta regularización y ha criticado la falta de transparencia y seguridad jurídica en el proceso.
En resumen, el Gobierno de Aragón se opone firmemente a esta regularización extraordinaria de inmigrantes por considerarla irresponsable, carente de planificación adecuada y potencialmente perjudicial para la seguridad ciudadana y la gestión de los servicios públicos.
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