Los sindicatos CGT, UGT y CCOO han anunciado la ruptura de las negociaciones del convenio autonómico del sector de protección y reforma en Aragón. Esta decisión se debe a la negativa de las principales patronales y empresas del sector a asumir compromisos reales de mejora para cerca de 600 profesionales en centros de menores y recursos residenciales.
Las empresas con mayor peso en Aragón, como Fundación Rey Ardid, Aldeas Infantiles e YMCA, han mostrado un «desinterés total» en el proceso de negociación, mientras que otras como Kairós y Fundación Ozanam ni siquiera participan en ninguna patronal, a pesar de gestionar recursos públicos y contar con cerca de 200 trabajadores entre las dos, según indican los sindicatos.
A pesar de que en junio se estableció un calendario de negociación con el compromiso de avanzar en tablas salariales y jornada laboral, la actitud mostrada por la patronal el pasado 24 de septiembre ha llevado a los sindicatos a romper ese calendario. Esto representa un incumplimiento flagrante del acuerdo alcanzado en la mediación.
Héctor García, portavoz de CGT, ha criticado duramente a las patronales, afirmando que no quieren negociar nada y buscan mantener condiciones precarias mientras sus cuentas crecen año tras año. Por su parte, Angélica Mazo de UGT ha destacado que llevan meses con propuestas razonables sobre la mesa, como la reducción de jornada y la equiparación salarial con el personal público, pero la negativa sistemática de las empresas y la pasividad de la Administración los lleva inevitablemente al conflicto.
La llegada de menores migrantes procedentes de Canarias a Aragón, con 250 plazas ya adjudicadas y la previsión de ampliación a otras 50-60, agrava aún más la situación. La falta de avances en el convenio dificulta la contratación de educadores sociales y otros perfiles necesarios para cubrir estas nuevas plazas, lo que pone en riesgo la correcta atención de estos menores, según Jesús Esteban de CCOO.
Los sindicatos responsabilizan directamente a la Administración autonómica por esta desatención, al no implicarse en garantizar condiciones dignas para los trabajadores del sector, lo que deja tanto a los menores como a los profesionales en una situación de precariedad e incertidumbre.
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